Investigación

En la actualidad el Programa de Investigación Académica aplicada se viene adelantando con mayor énfasis en la elaboración del diagnóstico de necesidades de formación como insumo esencial para la elaboración de los Módulos, así como en el desarrollo de los observatorios de las distintas jurisdicciones y especialidades, al interior de los cuales se desarrollan procesos de investigación, con carácter práctico, para identificar los casos paradigmáticos que reflejan o dan cuenta de las problemáticas que persisten en la práctica judicial.

 

En ellos se busca, entre otros, evaluar las prácticas judiciales relacionadas con el programa, analizar las providencias y actuaciones judiciales para evidenciar los avances en el mejoramiento de la prestación del servicio y realizar la difusión de las mejores prácticas para promover / incentivar cambios en los demás despachos judiciales, teniendo como referente experiencias exitosas.

 

En este sentido, acorde con los postulados de la Carta Política, la Ley Estatutaria de Administración de Justicia, y con miras a la consolidación de una justicia próxima, eficaz, independiente y moderna, a partir del año 2000, el Consejo Superior de la Judicatura,  a través de la Escuela Judicial emprendió la ejecución de seis áreas estratégicas, entre otras, el Desarrollo de investigaciones académicas aplicadas, estrategia que supone el diseño e implementación de un conjunto de políticas y acciones que permitan potenciar la realización de procesos de investigación1 académica (con el propósito de ser aplicadas a la práctica judicial de los servidores (as) judiciales), así como de estudios de profundización y por tanto, de producción de conocimiento, sobre el ejercicio de la administración de justicia y la practica judicial, basados en el contexto de la misma, cuyos hallazgos y resultados permitan fundamentar, perfeccionar y/o complementar el modelo educativo de la Escuela Judicial y los programas del Plan de Formación y Capacitación de la Rama Judicial, destinados a los y las administradores/as de justicia del país.

 

Así, a partir de la Implementación la Oralidad en el Sistema Acusatorio Penal, que se efectuó de manera progresiva de acuerdo con las etapas dispuestas en el Artículo 530 de la Ley 906 de 2004, se evidenció que cada Distrito Judicial presentaba sus propias dificultades o fortalezas para administrar justicia de acuerdo con la nueva normatividad.

 

Por lo anterior, en el mes de noviembre de 2004, en una evaluación de las tareas que era necesario impulsar frente a la proximidad de la entrada en vigencia del nuevo sistema acusatorio, se discutió a instancia de la Sala Administrativa del Consejo Superior de la Judicatura y de la Escuela Judicial “Rodrigo Lara Bonilla”, la necesidad de pensar en un mecanismo de seguimiento al nuevo Sistema Penal Acusatorio, que tuviese un énfasis más cualitativo, es decir, en un sistema de seguimiento que pudiera hacer una observación el trabajo de los jueces que ingresaban al nuevo sistema penal.

 

El sistema de seguimiento de carácter cualitativo fue concebido entonces como un observatorio, pero especializado en la observación de las decisiones de los jueces, es decir, en un observatorio de jurisprudencia del sistema penal acusatorio. Debía, además, obedecer o ser consistente con la política general de formación de la Escuela Judicial y de la Sala Administrativa, que desde ese momento proyectaba la elaboración de módulos especializados, de manuales, de libros que acompañaran la implementación del sistema, y que proyectaba la celebración de los diversos conversatorios que luego, desde la entrada en vigencia del nuevo sistema en enero de 2005, se consolidaron como un espacio de reflexión fundamental de los diversos actores ligados al nuevo proceso penal.

 

El Observatorio fue concebido como un ejercicio permanente y práctico de seguimiento integral del sistema, y su funcionamiento fue pensado en diversas etapas, de tal manera que se fueran integrando distintos niveles de complejidad y diversos objetos de observación. En un esfuerzo inicial, se concretó que el Observatorio dedicaría mayor esfuerzo al seguimiento de las decisiones de los jueces de control de garantías. Ello, en razón a la misma capacidad limitada del Observatorio, pero en razón también al énfasis que desde un principio se le dio al juez de control de garantías. En su trabajo, en las audiencias preliminares, yacía desde el principio y en un alto porcentaje, el gran debate jurídico; esos escenarios daban cuenta de las nuevas exigencias argumentativas, técnico-dogmáticas, de la nueva cultura que traía consigo el sistema acusatorio penal. De todas maneras, el Observatorio se concibió desde un principio como un método más integral de observación del sistema penal acusatorio.

 

Adicionalmente se realizó un Observatorio para evaluar la implementación del Sistema de Responsabilidad Penal para Adolescentes, esto en razón a que en los últimos años, han ocurrido dos grandes cambios en el derecho de la infancia y la adolescencia y en proceso penal de adultos, que modifican radicalmente el derecho penal de los adolescentes. Se hace referencia, en primer lugar, al desarrollo de la doctrina de la Protección Integral, que remplazó a la Situación Irregular; y en segundo lugar al cambio que se produjo en el proceso penal en Colombia y en la mayoría de los países del mundo occidental. Es decir, a la introducción de modelos de proceso penal de corte acusatorio. Estos dos cambios fundamentales y la forma como han influido en el Sistema de Responsabilidad Penal de Adolescente, tornándolo altamente complejo.