Historia

La Escuela Judicial “Rodrigo Lara Bonilla” – EJRLB, es el Centro de Formación Inicial y Continua al servicio de la Administración de Justicia en Colombia. Creada en 1970, inició su funcionamiento en 1987 y fue incorporada a la Rama Judicial como unidad adscrita a la Sala Administrativa del Consejo Superior de la Judicatura en el año 1998; se ha consolidado como un centro de pensamiento en donde los y las participantes han creado una comunidad científica en la Rama Judicial a través del inter­cambio de experiencias y la construcción permanente y pluralista del conocimiento, con ello, se pretende mejorar sustancialmente el acceso y calidad de la justicia colombiana.

 

La Escuela Judicial “Rodrigo Lara Bonilla”, se orienta al fortalecimiento de la administración de justicia a partir del reconocimiento de que la Rama Judicial ejerce una función social de enorme trascendencia, la cual exige de sus magistrados/as, jueces/zas y empleados/as, altos niveles éticos y de compromiso, con respeto por la dignidad humana, los derechos individuales y colectivos de las personas y la eliminación de toda forma de discriminación, para contribuir a la construcción de un dinámico y sano tejido social que propicie la equidad y el bienestar en la comunidad.

 

Por ello, los ejercicios silogísticos, nemotécnicos, de subsunción que caracterizaban y que algunos establecimientos educativos aún aplican a la enseñanza del Derecho, ceden precipitadamente el paso a complejos procesos argumentativos de ponderación y valoración que exigen una formación integral, sistemática, por competencias y multicultural, aplicada a la práctica judicial, en un marco ético de justicia, como el que ofrece la Sala Administrativa del Consejo Superior de la Judicatura a través de la Escuela Judicial “Rodrigo Lara Bonilla”, por medio de sus 54 programas académicos apoyados en más de 170 publicaciones basadas en el estudio de casos problemáticos en la práctica judicial, en la Red de Formadores y Formadoras de la Escuela Judicial y en el Campus y Aulas Virtuales, dirigidos a las y los aproximadamente 4.584 magistrados y jueces de todo el país, los 18.822 empleados que les prestan apoyo; 1.257 jueces y juezas de paz; 1.500 autoridades indígenas que administran justicia y para alrededor de 1.500 aspirantes que cada dos años concursan para ingresar o ascender en la carrera judicial; así mismo y como proyección social de la formación judicial, para abogados litigantes, funcionarios de otras entidades públicas y líderes comunitarios para la difusión de los derechos fundamentales en los programas de desconcentración de servicios judiciales.